El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un segundo centro de detención para inmigrantes indocumentados, bautizado como “Deportation Depot”, en las instalaciones de la antigua prisión Baker Correctional Institution, al norte del estado. La medida refuerza la política migratoria agresiva impulsada desde la administración de Donald Trump.
El nuevo centro tendrá capacidad inicial para 1,300 personas, ampliable hasta 2,000 según la demanda, y permitirá acelerar las deportaciones gracias a la infraestructura ya existente. Se espera que la instalación esté operativa en pocas semanas bajo la administración de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales, con una inversión de 6 millones de dólares financiada con fondos federales.
La medida surge como complemento del polémico centro en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, actualmente bajo escrutinio legal por presuntos abusos y daños ambientales. Críticos advierten que este modelo deteriora derechos humanos básicos, mientras aliados lo celebran como una estrategia eficaz para el control migratorio. La pregunta central es clara:
¿esta política detiene la migración irregular o criminaliza y deshumaniza a quienes buscan una vida mejor?
Con “Deportation Depot”, Florida no solo amplía su capacidad de detención, sino que también rediseña la operativa migratoria estatal, convirtiéndose en un modelo para otros estados alineados ideológicamente con la administración Trump.
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